El Impulso- Publicación: 27/05/2010 01:00:00 a.m.
Al cumplirse seis meses del asesinato de su hijo Mijail Martínez, el ex diputado larense Víctor Martínez acudió este miércoles a la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación imparcial sobre lo que considera se trató de un caso de sicariato político, y no de un intento de robo.
“Reitero mi denuncia, el asesinato de mi hijo fue direccionado por el general (Jesús) Rodríguez Figuera, comprometido con el narcotráfico (...)Él, a través de los delincuentes del CICPC, son los jefes de la banda de malandros que mataron a mi hijo”, aseguró Martínez.
“Esa es una presunción que tengo en base a todas las desviaciones que ellos han hecho hasta ahora”, agregó.
Entre estas desviaciones, mencionó la aparición de la tesis del robo por parte del CICPC, y las circunstancias irregulares de la supuesta “confesión” del ciudadano Jairo Salones, quien es señalado por el jefe del CICPC regional como supuesto homicida. Además, Martínez se mostró especialmente suspicaz por la “desaparición” de éste sujeto, quien no fue imputado por homicidio, sino por porte de drogas, y cuya privación de libertad ni siquiera fue solicitada, siendo beneficiado por una cautelar.
Todas estas circunstancias llevan al ex dirigente del PSUV, a pensar que se trata de un montaje policial para disfrazar una retaliación política ordenada desde las alturas del poder.
“Estamos pidiendo, a la Fiscalía, que cite a Luis Reyes Reyes (ex gobernador), Rodríguez Figuera (ex jefe de la policía regional), Carlos Rodríguez (actual director de CICPC-Lara), Jesús Núñez (CICPC), así como también que se interrogue a la fiscal superior, a la juez rectora Yanina Carabini, y a los fiscales que participaron en la investigación viciada”, señaló a su salida del Ministerio Público.
En el seno de esta institución, Martínez fue recibido por la directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Mercedez Berthé, quien se habría comprometido con reunirse con los fiscales del caso.
Luego de su salida del MP, el ex diputado se dirigió a la Asamblea Nacional, donde ejerció un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior, donde el día anterior fue escuchado el comisario Rodríguez.
No a la impunidad
Mijail, de 23 años de edad, y activista del Comité de Víctimas contra la Impunidad, fue asesinado la mañana del 26 de noviembre de 2009, por un sujeto que fue a buscarlo a su casa y, tras preguntarle por su padre, le propinó varios disparos.
Acompañando a Martínez, acudieron a la Fiscalía otros miembros de organizaciones pro derechos humanos relacionadas con en el Foro Por la Vida, quienes expresaron su protesta por el poco avance de las investigaciones sobre la muerte del joven defensor, así como contra el alto índice de impunidad que domina la escena criminal en el país.
Así lo manifestó el coordinador del Área de Investigación de Provea, Rafael Uzcátegui.
“Estamos aquí, de nuevo, solicitando que se garantice la transparencia y el debido proceso. A pesar de una serie de elementos y pruebas que han estado suministrando los familiares y el Comité de Víctimas de Barquisimeto, que hablan claramente de un sicariato con motivaciones políticas, estas no han sido tomadas en cuenta”, denunció.
“Para el Foro Por la Vida esta es una situación preocupante, pues se da en un contexto en el que el sicariato está siendo utilizado para atacar a líderes y activistas sociales”, agregó Uzcátegui.
María Alessandra Matute
Al cumplirse seis meses del asesinato de su hijo Mijail Martínez, el ex diputado larense Víctor Martínez acudió este miércoles a la Fiscalía General de la República para solicitar una investigación imparcial sobre lo que considera se trató de un caso de sicariato político, y no de un intento de robo.
“Reitero mi denuncia, el asesinato de mi hijo fue direccionado por el general (Jesús) Rodríguez Figuera, comprometido con el narcotráfico (...)Él, a través de los delincuentes del CICPC, son los jefes de la banda de malandros que mataron a mi hijo”, aseguró Martínez.
“Esa es una presunción que tengo en base a todas las desviaciones que ellos han hecho hasta ahora”, agregó.
Entre estas desviaciones, mencionó la aparición de la tesis del robo por parte del CICPC, y las circunstancias irregulares de la supuesta “confesión” del ciudadano Jairo Salones, quien es señalado por el jefe del CICPC regional como supuesto homicida. Además, Martínez se mostró especialmente suspicaz por la “desaparición” de éste sujeto, quien no fue imputado por homicidio, sino por porte de drogas, y cuya privación de libertad ni siquiera fue solicitada, siendo beneficiado por una cautelar.
Todas estas circunstancias llevan al ex dirigente del PSUV, a pensar que se trata de un montaje policial para disfrazar una retaliación política ordenada desde las alturas del poder.
“Estamos pidiendo, a la Fiscalía, que cite a Luis Reyes Reyes (ex gobernador), Rodríguez Figuera (ex jefe de la policía regional), Carlos Rodríguez (actual director de CICPC-Lara), Jesús Núñez (CICPC), así como también que se interrogue a la fiscal superior, a la juez rectora Yanina Carabini, y a los fiscales que participaron en la investigación viciada”, señaló a su salida del Ministerio Público.
En el seno de esta institución, Martínez fue recibido por la directora de Protección de Derechos Fundamentales, María Mercedez Berthé, quien se habría comprometido con reunirse con los fiscales del caso.
Luego de su salida del MP, el ex diputado se dirigió a la Asamblea Nacional, donde ejerció un derecho de palabra ante la Comisión de Política Interior, donde el día anterior fue escuchado el comisario Rodríguez.
No a la impunidad
Mijail, de 23 años de edad, y activista del Comité de Víctimas contra la Impunidad, fue asesinado la mañana del 26 de noviembre de 2009, por un sujeto que fue a buscarlo a su casa y, tras preguntarle por su padre, le propinó varios disparos.
Acompañando a Martínez, acudieron a la Fiscalía otros miembros de organizaciones pro derechos humanos relacionadas con en el Foro Por la Vida, quienes expresaron su protesta por el poco avance de las investigaciones sobre la muerte del joven defensor, así como contra el alto índice de impunidad que domina la escena criminal en el país.
Así lo manifestó el coordinador del Área de Investigación de Provea, Rafael Uzcátegui.
“Estamos aquí, de nuevo, solicitando que se garantice la transparencia y el debido proceso. A pesar de una serie de elementos y pruebas que han estado suministrando los familiares y el Comité de Víctimas de Barquisimeto, que hablan claramente de un sicariato con motivaciones políticas, estas no han sido tomadas en cuenta”, denunció.
“Para el Foro Por la Vida esta es una situación preocupante, pues se da en un contexto en el que el sicariato está siendo utilizado para atacar a líderes y activistas sociales”, agregó Uzcátegui.
María Alessandra Matute
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