En noviembre del 2004 se funda el Comité de Víctimas Contra la Impunidad (COVICIL) como una respuesta de familiares y amigos de los afectados por la violencia policial y social existente en el estado Lara y particularmente en Barquisimeto. Era la época del reinado de terror del entonces gobernador Luis Reyes Reyes y el comandante de las Fuerzas Policiales de Lara, el tristemente célebre General Jesús Armando Rodríguez Figuera. Desde nuestra fundación, parte de nuestro esfuerzo se concentró en acompañar a las víctimas y en hacer visibles sus testimonios, convertidos en denuncia que desenmascaraba la falsedad de un pretendido estado de derecho. Es este mismo “estado de derecho” el que, lejos de corresponder a las demandas, se convertía en un mecanismo de revictimización y desgaste a través del llamado vía crucis de la impunidad, que no es otra cosa que la negación de justicia para la mayoría de la población, mucho más arduo para las víctimas de violaciones a DDHH.
En una sociedad donde el dinero es el único valor y donde todo se convierte en mercancía es inevitable que el ejercicio de la justicia sea uno de los negocios más florecientes dentro de las industrias de este sistema. En esa bolsa comercial la absolución de los delitos tiene un precio y a la usanza de las bulas que vendía la iglesia para la salvación de las almas pecadoras, en este centro comercial que se llama el Palacio de la Injusticia, léase tribunales de Lara, todo se vende y todos se venden. Allí no se juzga el delito, se tasa el precio que debe pagar todo el que cae en sus garras para lograr su absolución. Pero si esto sucede con el hijo del pobre que tiene que pagar para demostrar su inocencia, no sucede con el funcionario policial o militar, cuando éstos comenten delitos hemos comprobado una y mil veces cómo gozan de una autentica patente de corso para salir absueltos, con la probabilidad de uno en mil de ser sentenciados según lo establecido en la ley, gracias a las patéticas investigaciones del Ministerio Público y a las inefables decisiones de los “polijueces” que abundan en la región.
Afirmamos, con base en los hechos, que la Impunidad es una política del Estado, especialmente la impunidad policial y militar. Los hechos y las cifras de las mismas instituciones estadales nos han dado la razón. Constatar esta realidad sobre el papel del Estado en el fomento de esa plaga llamada impunidad, no nos llena de orgullo, por el contrario, nos señala el negro futuro para nuestra sociedad, cuando vemos que desde el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, se extiende toda una política de sometimiento y control a partir de la macabra alianza en la que participan policías, militares, órganos de justicia, poder ejecutivo y la delincuencia que cada día se extiende y cobra más fuerza, apoderándose de todos los espacios de la vida social hasta llegar a constituirse en el verdadero aparato de violencia y coacción del nuevo Estado emergente que ha nacido en Venezuela, y cuyas nefastas consecuencias para la mayoría de la población, padecemos a diario.
Venezuela ha retrocedido a la época del caudillo y la montonera, del cabecilla y su banda que no están sometidos a ley alguna y lo cínico de la situación es que los dirigentes de este nuevo Estado reconocen y se vanaglorian de su condición de verdugos y la pregonan e imponen como nueva “ legalidad” del orden establecido.
Los últimos informes de la Fiscalía General, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC 2009), realizada desde la Vicepresidencia de la República, así como las declaraciones de los principales voceros oficiales relacionados con la materia, dejan claro que la política del Estado venezolano es el fomento y estímulo a la impunidad.
Según los informes de la Fiscalía General, desde el año 2000 hasta marzo del 2009, los cuerpos policiales y militares al servicio del Estado habían cometido 43.362 violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de lesiones, violación de domicilio, privación de libertad, acoso, tortura y desapariciones forzadas. Si a esta cifra le agregamos las 7998 ejecuciones cometidas por los cuerpos policiales en el período citado, se estaría hablando de 51.360 violaciones a los derechos humanos, que pasaron de 12 violaciones diarias entre el período 2000-2007 a 24 violaciones diarias en el período comprendido entre 2008 y marzo de 2009. En estas violaciones a los DDHH estuvieron involucrados 36.145 funcionarios policiales y sólo fueron detenidos 428. Esto indica que sólo el 1,18% de los funcionarios fueron detenidos, la mayoría en sus comandos respectivos, gozando de privilegios. En el 99% de los casos no han sido juzgados, y menos sentenciados. El Comité a lo largo de estos años ha monitoreado más de cuatrocientos casos de ejecuciones, hemos acompañado a las víctimas en decenas de casos y hasta ahora sólo se ha logrado la condena firme EN SÓLO UNO DE ELLOS.
Asimismo, se ha cumplido un año del cobarde asesinato de nuestro entrañable amigo y compañero de lucha Mijaíl Martínez, y pese a que está suficientemente claro la autoría material e intelectual de sus asesinos, no hay un sólo detenido. Hemos acudido a TODAS las instancias estatales con la denuncia y no se ha realizado una sola investigación que conduzca a establecer las responsabilidades penales por este hecho que conmocionó al país, que una vez más fue testigo de cómo se arremete contra los luchadores sociales y contra sus hijos impunemente. En este caso, como en miles, el engranaje del macabro círculo de la impunidad constituida por delincuencia, policías, fiscales y tribunales ha funcionado a la perfección para encubrir y proteger a funcionarios policiales y delincuentes.
En otros casos que hemos monitoreado y acompañado a lo largo de estos seis años ante el Ministerio Público y los tribunales (Esteban Javier Vargas, Juan Carlos Mellizo, Elpídio Hernández, Lennys Sánchez, José Luis Vásquez, José Luis Prado, Luis Alberto Guédez, Hermanos Pérez Heredia, Masacre de El Tostao, Masacre de Lomas de León, Masacre de Quíbor… entre tantos otros) dan cuenta del tétrico círculo de represión y coacción que ampara y fomenta la impunidad en el estado. El propio TSJ investigó a jueces de Lara por su papel de cómplices de la delincuencia, particularmente en casos del narcotráfico, y sin embargo, la impunidad continúa campante en el estado. Ha sido esta entidad la única en el país investigada por el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Interior y Justicia, por el Consejo Legislativo del Estado y aunque en todas y cada unas de las investigaciones se comprobaron delitos graves e imprescriptibles, hoy los señalados gozan de total libertad, siendo ascendidos y premiados por el Estado con altos cargos.
Para ilustrar la realidad nacional, reseñamos algunos datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, cuya lectura y difusión recomendamos. Esta encuesta, conocida en mayo pasado es la prueba más contundente de que el Estado venezolano a través de su gobierno de turno, es el principal generador de la creciente inseguridad que vive el país. De dicha encuesta se extraen las siguientes cifras, verdaderamente aterradoras que reflejan el clima de violencia que fomenta el Estado venezolano, como la forma más rápida, eficaz y económica de ejercer el control social sobre la mayoría de la población.
• Los homicidios cometidos en el país entre julio del 2008 a julio del 2009 ascendieron a 21.132 dos mil más que la cifra oficial reconocida, convirtiendo a Venezuela en el país con la tasa de homicidio más alta del mundo: 75 homicidios por cada 100 habitantes. (ENVPSC 2009, pág. 67). y Caracas como la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 250 por 100 mil (ENVPSC 2009, pág. 115). En Honduras, considerado el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 68 por 100 mil, se comete un homicidio cada 88 minutos. En Venezuela se comete uno cada 25 minutos
• Entre el 2000-2009 oficialmente se cometieron en el país 166.623 homicidios, según las proyecciones de la ENVPSC 2009 esta cifra puede llegar a los 181.000 con 3,62 lesionado por cada homicidio cometido. De tal manera que esta guerra civil del Estado y delincuencia contra la población, especialmente pobre y joven del país, arroja un promedio de 800 mil bajas causada en dicho periodo. Ninguna guerra ocurrida en el mundo en los últimos 20 años ha causado tal número de bajas. Ni siquiera la Guerra de Independencia y Federal juntas ocasionaron tal numero de muertos y heridos
• El ministro del interior y la fiscal general reconocen que uno de cada cinco policías (20%) está incurso en delitos, especialmente en los más graves como homicidios, secuestro y extorsión. Pues bien la ENVPSC 2009 reconoce que esta cifra alcanza al 34% sin incluir a la Guardia Nacional.
• El 26% de los hogares venezolanos opinan que la policía no puede enfrentar la inseguridad porque está corrompida (ENVPSC 2009, pág. 93).
• El 82% de los hogares consideran que el Estado no protege a la víctima, porque le dan “poco o nada de apoyo” ( ENVPSC 2009, pág. 76).
• El 69% opina que la policía proporciona un servicio “malo o muy malo”.
Esta encuesta es un elemento más que corrobora no solo las denuncias que a lo largo de seis años ha venido haciendo el nuestro Comité al denunciar la impunidad como una política del Estado venezolano, sino de algo más grave como lo es el hecho de que el propio Estado- supuesto garante de los derechos ciudadanos- es el principal transgresor y enemigo de la sociedad venezolana, cuya política fundada en la alianza policía-delincuencia y poderes estadales es el verdadero aparato de coerción, violencia y control social que mantiene sometida a la población venezolana, que más temprano que tarde- tal y como lo demuestra la historia de la humanidad- saldará cuentas con los responsables de estos crímenes.
¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
COVICIL- NOVIEMBRE 2010
En una sociedad donde el dinero es el único valor y donde todo se convierte en mercancía es inevitable que el ejercicio de la justicia sea uno de los negocios más florecientes dentro de las industrias de este sistema. En esa bolsa comercial la absolución de los delitos tiene un precio y a la usanza de las bulas que vendía la iglesia para la salvación de las almas pecadoras, en este centro comercial que se llama el Palacio de la Injusticia, léase tribunales de Lara, todo se vende y todos se venden. Allí no se juzga el delito, se tasa el precio que debe pagar todo el que cae en sus garras para lograr su absolución. Pero si esto sucede con el hijo del pobre que tiene que pagar para demostrar su inocencia, no sucede con el funcionario policial o militar, cuando éstos comenten delitos hemos comprobado una y mil veces cómo gozan de una autentica patente de corso para salir absueltos, con la probabilidad de uno en mil de ser sentenciados según lo establecido en la ley, gracias a las patéticas investigaciones del Ministerio Público y a las inefables decisiones de los “polijueces” que abundan en la región.
Afirmamos, con base en los hechos, que la Impunidad es una política del Estado, especialmente la impunidad policial y militar. Los hechos y las cifras de las mismas instituciones estadales nos han dado la razón. Constatar esta realidad sobre el papel del Estado en el fomento de esa plaga llamada impunidad, no nos llena de orgullo, por el contrario, nos señala el negro futuro para nuestra sociedad, cuando vemos que desde el Estado venezolano, a través del gobierno de turno, se extiende toda una política de sometimiento y control a partir de la macabra alianza en la que participan policías, militares, órganos de justicia, poder ejecutivo y la delincuencia que cada día se extiende y cobra más fuerza, apoderándose de todos los espacios de la vida social hasta llegar a constituirse en el verdadero aparato de violencia y coacción del nuevo Estado emergente que ha nacido en Venezuela, y cuyas nefastas consecuencias para la mayoría de la población, padecemos a diario.
Venezuela ha retrocedido a la época del caudillo y la montonera, del cabecilla y su banda que no están sometidos a ley alguna y lo cínico de la situación es que los dirigentes de este nuevo Estado reconocen y se vanaglorian de su condición de verdugos y la pregonan e imponen como nueva “ legalidad” del orden establecido.
Los últimos informes de la Fiscalía General, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC 2009), realizada desde la Vicepresidencia de la República, así como las declaraciones de los principales voceros oficiales relacionados con la materia, dejan claro que la política del Estado venezolano es el fomento y estímulo a la impunidad.
Según los informes de la Fiscalía General, desde el año 2000 hasta marzo del 2009, los cuerpos policiales y militares al servicio del Estado habían cometido 43.362 violaciones a los derechos humanos, principalmente en materia de lesiones, violación de domicilio, privación de libertad, acoso, tortura y desapariciones forzadas. Si a esta cifra le agregamos las 7998 ejecuciones cometidas por los cuerpos policiales en el período citado, se estaría hablando de 51.360 violaciones a los derechos humanos, que pasaron de 12 violaciones diarias entre el período 2000-2007 a 24 violaciones diarias en el período comprendido entre 2008 y marzo de 2009. En estas violaciones a los DDHH estuvieron involucrados 36.145 funcionarios policiales y sólo fueron detenidos 428. Esto indica que sólo el 1,18% de los funcionarios fueron detenidos, la mayoría en sus comandos respectivos, gozando de privilegios. En el 99% de los casos no han sido juzgados, y menos sentenciados. El Comité a lo largo de estos años ha monitoreado más de cuatrocientos casos de ejecuciones, hemos acompañado a las víctimas en decenas de casos y hasta ahora sólo se ha logrado la condena firme EN SÓLO UNO DE ELLOS.
Asimismo, se ha cumplido un año del cobarde asesinato de nuestro entrañable amigo y compañero de lucha Mijaíl Martínez, y pese a que está suficientemente claro la autoría material e intelectual de sus asesinos, no hay un sólo detenido. Hemos acudido a TODAS las instancias estatales con la denuncia y no se ha realizado una sola investigación que conduzca a establecer las responsabilidades penales por este hecho que conmocionó al país, que una vez más fue testigo de cómo se arremete contra los luchadores sociales y contra sus hijos impunemente. En este caso, como en miles, el engranaje del macabro círculo de la impunidad constituida por delincuencia, policías, fiscales y tribunales ha funcionado a la perfección para encubrir y proteger a funcionarios policiales y delincuentes.
En otros casos que hemos monitoreado y acompañado a lo largo de estos seis años ante el Ministerio Público y los tribunales (Esteban Javier Vargas, Juan Carlos Mellizo, Elpídio Hernández, Lennys Sánchez, José Luis Vásquez, José Luis Prado, Luis Alberto Guédez, Hermanos Pérez Heredia, Masacre de El Tostao, Masacre de Lomas de León, Masacre de Quíbor… entre tantos otros) dan cuenta del tétrico círculo de represión y coacción que ampara y fomenta la impunidad en el estado. El propio TSJ investigó a jueces de Lara por su papel de cómplices de la delincuencia, particularmente en casos del narcotráfico, y sin embargo, la impunidad continúa campante en el estado. Ha sido esta entidad la única en el país investigada por el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Interior y Justicia, por el Consejo Legislativo del Estado y aunque en todas y cada unas de las investigaciones se comprobaron delitos graves e imprescriptibles, hoy los señalados gozan de total libertad, siendo ascendidos y premiados por el Estado con altos cargos.
Para ilustrar la realidad nacional, reseñamos algunos datos de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009, cuya lectura y difusión recomendamos. Esta encuesta, conocida en mayo pasado es la prueba más contundente de que el Estado venezolano a través de su gobierno de turno, es el principal generador de la creciente inseguridad que vive el país. De dicha encuesta se extraen las siguientes cifras, verdaderamente aterradoras que reflejan el clima de violencia que fomenta el Estado venezolano, como la forma más rápida, eficaz y económica de ejercer el control social sobre la mayoría de la población.
• Los homicidios cometidos en el país entre julio del 2008 a julio del 2009 ascendieron a 21.132 dos mil más que la cifra oficial reconocida, convirtiendo a Venezuela en el país con la tasa de homicidio más alta del mundo: 75 homicidios por cada 100 habitantes. (ENVPSC 2009, pág. 67). y Caracas como la ciudad más violenta del mundo con una tasa de 250 por 100 mil (ENVPSC 2009, pág. 115). En Honduras, considerado el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 68 por 100 mil, se comete un homicidio cada 88 minutos. En Venezuela se comete uno cada 25 minutos
• Entre el 2000-2009 oficialmente se cometieron en el país 166.623 homicidios, según las proyecciones de la ENVPSC 2009 esta cifra puede llegar a los 181.000 con 3,62 lesionado por cada homicidio cometido. De tal manera que esta guerra civil del Estado y delincuencia contra la población, especialmente pobre y joven del país, arroja un promedio de 800 mil bajas causada en dicho periodo. Ninguna guerra ocurrida en el mundo en los últimos 20 años ha causado tal número de bajas. Ni siquiera la Guerra de Independencia y Federal juntas ocasionaron tal numero de muertos y heridos
• El ministro del interior y la fiscal general reconocen que uno de cada cinco policías (20%) está incurso en delitos, especialmente en los más graves como homicidios, secuestro y extorsión. Pues bien la ENVPSC 2009 reconoce que esta cifra alcanza al 34% sin incluir a la Guardia Nacional.
• El 26% de los hogares venezolanos opinan que la policía no puede enfrentar la inseguridad porque está corrompida (ENVPSC 2009, pág. 93).
• El 82% de los hogares consideran que el Estado no protege a la víctima, porque le dan “poco o nada de apoyo” ( ENVPSC 2009, pág. 76).
• El 69% opina que la policía proporciona un servicio “malo o muy malo”.
Esta encuesta es un elemento más que corrobora no solo las denuncias que a lo largo de seis años ha venido haciendo el nuestro Comité al denunciar la impunidad como una política del Estado venezolano, sino de algo más grave como lo es el hecho de que el propio Estado- supuesto garante de los derechos ciudadanos- es el principal transgresor y enemigo de la sociedad venezolana, cuya política fundada en la alianza policía-delincuencia y poderes estadales es el verdadero aparato de coerción, violencia y control social que mantiene sometida a la población venezolana, que más temprano que tarde- tal y como lo demuestra la historia de la humanidad- saldará cuentas con los responsables de estos crímenes.
¡GUARDAR SILENCIO ANTE LA IMPUNIDAD ES ACTUAR A SU FAVOR!
COVICIL- NOVIEMBRE 2010
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