
Si bien se maneja otra hipótesis sobre un presunto intento de robo, el caso genera amplias sospechas por tratarse del hijo de un ex legislador que durante el ejercicio de su función denunció hechos de corrupción, escuadrones de la muerte, policías presuntamente incursos en hechos criminales y otros hechos ocurridos durante la gestión del ex Gobernador de esa entidad, Luis Reyes Reyes.
Por ello solicitamos que la Fiscalía y el C.I.C.P.C realicen las diligencias pertinentes con absoluta imparcialidad y transparencia para evitar que el caso quede en el olvido o se manipule por los efectos de la politización que puede hacer mella en el mismo.
La labor de legisladores, activistas o comunicadores sociales en pro de la defensa de los derechos humanos involucra la denuncia y el seguimiento de casos de violaciones a tales derechos por parte de funcionarios del Estado. Dicha labor, en concordancia con los compromisos internacionales que ha asumido el Estado venezolano, debe ser garantizada plenamente con los niveles de prevención a que haya lugar o, como en este caso, actuando con celeridad para determinar responsabilidades y sancionar a los culpables de tan abominable crimen.
Caracas, 1° de diciembre de 2009
Red de Apoyo sobre la Paz y la Justicia
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