Pablo Fernández: Reforma policial: depuración o traición

La semana pasada fue presentada oficialmente la directiva de la nueva Policía Nacional, institución que intentará marcar una diferencia con lo que han venido siendo los cuerpos policiales existentes en nuestro país. Se ha hecho un profundo esfuerzo de selección de sus integrantes, que han pasado por todo tipo de pruebas, aunque nunca exentos a que se pueda haber "coleado" algún sujeto que no debería estar allí. De ahí la importancia de la contraloría social que el Consejo General de Policía viene incentivando para apoyar esta labor depuradora. Doy fe del minucioso e implacable proceso aplicado para evitar esos infiltrados a través de pruebas, revisión de antecedentes, antidoping, constatación de denuncias, rigurosidad formativa en el proceso de reentrenamiento, entre otros factores. Sin embargo, y a diferencia de la Policía Nacional naciente, la situación de caos y degeneración en la inmensa mayoría de los cuerpos policiales bajo control de gobernadores y alcaldes sigue siendo una tarea impostergable a atender. No es secreto para nadie que los niveles de corrupción y caos en el seno de las policías destruyó la confianza del pueblo en esas instituciones, convirtiéndose en factores de riesgo para la propia seguridad de quienes se supone deben proteger: los ciudadanos y ciudadanas.

Sospechas Casos como el asesinato reciente del joven activista social Mijaíl Martínez, en el estado Lara, refuerzan las sospechas contra los cuerpos policiales. Aun cuando las investigaciones siguen su curso, es una convicción en todo el movimiento de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela que la muerte de Mijaíl tiene todos los elementos de una retaliación por el trabajo de denuncia que él y su padre venían haciendo desde los tiempos del gobernador Reyes Reyes, contra funcionarios policiales de esa entidad. La misma indignación se produce cuando vemos la complacencia con la cual actúan funcionarios denunciados de graves violaciones de derechos humanos en el estado Monagas, donde el gobernador ha hecho oídos sordos recurrentemente a los llamados de depuración, e incluso ha favorecido a los altos mandos policiales denunciados y procesados, para vergüenza y estupor de todos quienes confiamos en que los que dicen ser militantes en la Revolución Bolivariana asuman un nuevo paradigma de respeto a la dignidad humana y no sean más de lo mismo. Y en la misma línea podemos citar el caso en el estado Bolívar que involucra al jefe de patrulleros de Caroní, Saúl Cordero, funcionario acusado de cometer diferentes violaciones a los derechos humanos, siendo además denunciado en el año 2005 por estar presuntamente involucrado en la creación de grupos de exterminio policiales en la región.

La tarea de recuperar la institucionalidad policial y evitar el reciclaje de delincuentes uniformados exige responsabilidad, coherencia y ética por parte de aquellos gobernadores y alcaldes electos que en los estados y municipios juraron defender los derechos del pueblo. No hacerlo constituye un acto de traición al país.

Pablo Fernández es coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz